🔴El intento del Gobierno nacional de recortar pensiones por discapacidad encontró en La Rioja un freno contundente que se hizo sentir en todo el país.

La presentación de un amparo judicial por parte del Gobierno riojano no sólo detuvo el recorte en la provincia, sino que sentó un precedente jurídico y político que luego replicaron otras jurisdicciones, como Catamarca.

Milei obligado a retroceder

Ayer, durante la presentación del Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei anunció un incremento en las partidas destinadas a cada pensionado por discapacidad y dio por terminada la judicialización vinculada a la Ley de Discapacidad, que el Congreso ratificó tras rechazar el veto presidencial.

El cambio de rumbo fue leído como un triunfo político de La Rioja, que con decisión eligió defender a los sectores más vulnerables frente a un Estado nacional que pretendía avanzar con lógica de ajuste, sin medir consecuencias humanas.

Un fallo con efecto multiplicador

El fallo judicial favorable a La Rioja dejó al descubierto que la Justicia puede convertirse en un contrapeso real frente a decisiones arbitrarias del Ejecutivo nacional. Además, evidenció que la resistencia de una provincia puede transformarse en motor de defensa colectiva.

Lo ocurrido en La Rioja no fue un hecho aislado: fue el punto de partida de una reacción federal que obligó al Gobierno nacional a modificar su postura.

Derechos que no son “gasto”

En tiempos donde la austeridad se presenta como excusa para recortar lo esencial, el antecedente riojano demuestra que la política tiene un rol central en la defensa de la dignidad.

Cuando se trata de los derechos de las personas con discapacidad, no se habla de gasto: se habla de justicia, humanidad y compromiso.