Personal estatal deberá capacitarse en forma obligatoria en derechos humanos
✎ Así lo establece la ley 10.634 que fue sancionada por la Legislatura en junio pasado y publicada en el Boletín Oficial del 4 de junio pasado “para la prevención de la violencia institucional, el negacionismo, el odio, el racismo, la discriminación y la xenofobia” establece la norma que alcanza a todos los niveles y jerarquías de las Funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, organismos descentralizados y empresas del Estado.
La norma, cuya aplicación estará cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, busca “consolidar una Provincia libre de odio, erradicando los discursos que lo promueven; promover el acercamiento a temáticas de derechos humanos, identificar y reflexionar acerca de las situaciones de violación a los derechos humanos, prevenir la violencia institucional y el odio, la discriminación, el racismo y la xenofobia aplicando el criterio de interculturalidad, en cumplimiento de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos de los pueblos migrantes y originarios”. También “combatir el negacionismo y la impunidad sobre el Terrorismo de Estado”.
Los contenidos que deberán dictarse incluyen los principios básicos de Derechos Humanos, los sistemas de protección regional, provincial, nacional e internacional; las prácticas respetuosas de los derechos humanos en la función pública; la situación de grupos vulnerables; el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en La Rioja; y los derechos de los pueblos migrantes y originarios.
Las personas que se nieguen sin justa causa a realizar las capacitaciones obligatorias previstas en la presente ley estarán sujetas al régimen disciplinario del Decreto-Ley Nº 3.870 -Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial y Municipal.
La normativa crea el “Programa Provincial de Educación en Memoria y Derechos Humanos”, en el ámbito del Ministerio de Educación destinado a las personas en situación de escolaridad del Sistema Educativo que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal o privada, de jurisdicción provincial o municipal, desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Superior de Formación Docente y de Educación Técnica no Universitaria.
Al momento de la sanción de la ley, el secretario de Derechos Humanos, Délfor Brizuela, explicó que “se trata es luchar y trabajar desde el Estado para prevenir violencias que todavía están muy vigentes, lamentablemente, en la sociedad y en los organismos del Estado”. Entre esas vigencias destacó la violencia institucional “que nos está interpelando como Estado” y sostuvo que la discriminación, los discursos de odio, el racismo y la xenofobia “hay que cambiarlas de cuajo».