Docentes y no docentes anunciaron paro y marcha federal tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

🔴El Frente Sindical Universitario, que nuclea a las federaciones gremiales de trabajadores de las universidades nacionales, anunció este miércoles un paro nacional docente y no docente para este viernes y una marcha federal contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización tendrá lugar el día en que el Congreso insista con la norma, lo que se estima ocurrirá el 24 de septiembre, según adelantaron fuentes sindicales.

Qué implicaba la ley vetada

La norma, aprobada a mediados de agosto por amplio margen en el Congreso, establecía:

• Paritarias docentes y no docentes para recomponer salarios según inflación.
• Actualización automática de gastos de funcionamiento.
• Fondos para infraestructura, becas y carreras estratégicas.
• Un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.

Con el veto, todas estas disposiciones quedaron sin efecto.

Voces sindicales y universitarias

Norberto Heyaca, secretario general de FAGDUT, advirtió:

“Está claro que el ajuste, lejos de pagarlo la casta, lo pagan los jubilados y los trabajadores universitarios”.

Por su parte, Jorge Anró, secretario adjunto de FATUN, remarcó:

“La universidad pública, con su rol fundamental de ascenso social y motor de desarrollo, se encuentra hoy en una situación crítica”.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya había resuelto el 29 de agosto convocar a una nueva Marcha Federal en caso de veto.

Próximos pasos

• Jueves 12 de septiembre: conferencia de prensa del CIN en la sede del Consejo Superior de la UBA, con la participación del rector Ricardo Gelpi, el presidente Oscar Alpa y el vicerrector Franco Bartolacci.
• Viernes 13 de septiembre: paro nacional universitario.
• Probable 24 de septiembre: movilización federal en el Congreso.

Argumentos del Gobierno

El decreto de veto firmado por Milei argumenta que la ley “incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin recursos suficientes”, lo que generaría un desequilibrio fiscal y obligaría a financiarse con emisión monetaria. Según el texto oficial, esto terminaría “perjudicando a la población, especialmente a los sectores más vulnerables”.