El Senado aprueba la ley de jubilaciones con aumentos y retroactivos: Milei amenaza con veto
🔴En una jornada cargada de tensiones políticas, el Senado convirtió en ley un proyecto que impactará directamente en los haberes previsionales del sistema general de la Anses. La nueva norma establece un aumento del 7,2% en las jubilaciones, con efecto retroactivo a abril, lo que llevará el haber mínimo de septiembre de $234.540 a $251.427. Además, se garantiza que el ingreso más bajo del sistema contributivo alcance los $317.704, una cifra superior a la prevista inicialmente.
Sin embargo, aún quedan interrogantes sobre el futuro de un bono de $70.000 que se había otorgado previamente a quienes perciben los haberes más bajos. El Gobierno no ha confirmado si este beneficio continuará o si se modificará su monto en los próximos meses. En este contexto, el presidente Javier Milei ha advertido que vetará la ley, argumentando que atenta contra la meta del equilibrio fiscal, ya que no contempla fuentes de financiamiento claras.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que la implementación de esta ley podría afectar las cuentas públicas en un 0,44% del PBI, sumando un 0,13% adicional por pagos a provincias con cajas previsionales propias. Además, la Anses deberá abonar las deudas pendientes con jubilados que ganaron juicios por malas liquidaciones, aunque el costo de esta medida aún no ha sido cuantificado.
La ley también establece un sistema de movilidad mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, con un aumento acumulado del 121,9% en lo que va de 2024. Además, se contempla un incremento anual adicional para marzo de cada año, que dependerá de la evolución de los salarios y la inflación.
Uno de los puntos más destacados de la ley es la garantía de un ingreso mínimo para los jubilados que perciben una única prestación previsional, asegurando que este no sea inferior al valor de la canasta básica total para un adulto, multiplicado por 1,09. Según los datos de julio, este monto sería de $317.704.
Finalmente, la ley otorga a la Anses un plazo de seis meses, prorrogable por otros seis, para saldar las deudas con provincias y jubilados con sentencias firmes, lo que podría generar una nueva ola de demandas si no se cumple con los pagos en tiempo y forma.
Este nuevo escenario en el sistema previsional argentino genera incertidumbre sobre las finanzas públicas y deja a la espera de la decisión del presidente, quien podría frenar la implementación de una ley que, si bien busca mejorar las condiciones de los jubilados, también plantea serios desafíos fiscales.