Escándalo por criptomoneda promocionada por Milei: más de 100 denuncias penales en la Justicia
🔴Lo que comenzó con un simple tuit del presidente Javier Milei terminó convirtiéndose en un escándalo judicial y político de gran magnitud. La promoción de la criptomoneda $LIBRA, que experimentó un alza abrupta en su cotización antes de desplomarse, dejó miles de damnificados y generó 112 denuncias penales en la Justicia Federal.
Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, 111 presentaciones se realizaron de forma digital en distintos juzgados federales, mientras que una denuncia fue radicada presencialmente en una comisaría de Buenos Aires y ya está en manos del fiscal Guillermo Marijuan. Esta última, presentada por Miguel Ángel Heredia, quedó asignada al Juzgado Federal N°7 a cargo de Sebastián Casanello, con la Secretaría N°13 del doctor Martín Smietniansky.
El impacto político y judicial
El hecho generó un fuerte cruce entre el Gobierno y la oposición. Mientras que desde el oficialismo intentan minimizar la polémica, sectores opositores han impulsado pedidos de juicio político y denuncias por presuntos delitos como estafa, manipulación de precios y delitos financieros.
El kirchnerismo ya anticipó que presentará un pedido de juicio político contra Milei en el Congreso, mientras que distintos abogados analizan si su publicación en redes sociales puede ser considerada un delito. El abogado penalista Jorge Grispo, en una columna publicada en Infobae, sostuvo que “una publicación en redes sociales, por sí misma, no constituye un delito” y que el derecho penal debe reservarse para hechos que efectivamente lesionen un bien jurídico. En la misma línea, Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, argumentó que “promover un proyecto comercial, por más volátil que sea, no equivale a cometer un ilícito”.
Sin embargo, el abogado Daniel Kiper advirtió que las redes sociales pueden ser utilizadas para cometer delitos y que el Código Penal contempla la posibilidad de que una publicación pueda configurar una conducta delictiva si cumple con los elementos típicos de una figura penal.
Las denuncias contra Milei y su círculo cercano
Entre los denunciantes se encuentran el ex presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Rombolá, quien presentó cargos por “estafa, negociaciones incompatibles con la función pública y manipulación de precios”. También se sumaron abogados del Observatorio del Derecho a la Ciudad y dirigentes como el economista Claudio Lozano, quienes denunciaron que “Milei formó parte de una asociación ilícita para estafar a más de 40.000 personas”.
Además, el abogado Gregorio Dalbón, presentó una denuncia que no solo involucra a Milei, sino también a su hermana Karina Milei, al vocero presidencial Manuel Adorni, y a los empresarios Julian Peh y Hayden Davis, fundadores de las compañías que impulsaron la criptomoneda.
Milei se defendió y acusó a la “casta”
El mandatario mantuvo la publicación original en su cuenta de X (ex Twitter) durante varias horas antes de borrarla y aclarar su postura en un nuevo mensaje:»Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tuit)».
Sin embargo, en la misma publicación arremetió contra la oposición, asegurando que sus detractores “quieren aprovechar la situación para hacer daño” y llamándolos “ratas inmundas de la casta política”.
El futuro judicial del caso
Con la reapertura de los tribunales, la Justicia deberá determinar si la publicación del presidente constituye un delito y si las denuncias prosperarán en el ámbito penal. La polémica también podría derivar en investigaciones sobre los empresarios detrás de $LIBRA, y en una discusión más amplia sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos al promocionar activos financieros en redes sociales.
Mientras tanto, la oposición presiona en el Congreso y algunos expertos advierten que este episodio podría convertirse en un precedente jurídico clave sobre la libertad de expresión y la promoción de inversiones desde el poder político.