La Rioja: piden ampliar la indagatoria de 76 personas por una causa que investiga el desvío de más de $800 millones en fondos públicos
🔴La Fiscalía Federal de La Rioja, a cargo de María Virginia Miguel Carmona, solicitó la ampliación de la declaración indagatoria a 76 personas en el marco de una megacausa por presunto desvío de fondos públicos entre 2013 y 2016. Según la investigación, las maniobras habrían superado los $800 millones, convirtiéndose en una de las causas más grandes por corrupción en la historia de la provincia.
El expediente involucra más de 200 personas físicas y 29 personas jurídicas, aunque la fiscal pidió el sobreseimiento de 125 imputados tras comprobar que no tuvieron participación real y que, en muchos casos, sus firmas habían sido falsificadas.
Cómo operaba el presunto esquema de desvío de fondos
De acuerdo con la denuncia, las maniobras consistían en desviar recursos estatales a través de fundaciones y asociaciones civiles sin actividad real, con fines sociales genéricos o sin documentación que justificara el destino de los fondos recibidos.
La investigación apunta a que estas entidades habrían sido utilizadas como vehículos para canalizar dinero público, evitando los mecanismos ordinarios de contratación, licitación y control estatal.
Las imputaciones incluyen:
- Defraudación a la administración pública
- Incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público
- Negociaciones incompatibles con la función pública
Una causa de enorme volumen documental
El expediente cuenta actualmente con más de 26 cuerpos, 22 anexos y alrededor de 20 mil fojas. La Fiscalía analizó documentación bancaria, movimientos de cuentas, actas constitutivas, reportes de unidades estatales y registros de organizaciones no gubernamentales.
En muchos casos, las entidades presentaban:
- Objetos sociales vagos o inaplicables
- Falta de estados contables reales
- Capital inicial nulo
- Ausencia de bienes o activos
- Ingresos exclusivamente públicos sin respaldo documental
La repetición de directivos entre varias fundaciones, la creación de asociaciones poco antes de recibir fondos y discrepancias entre los montos declarados y los informados por el banco también fueron señaladas como indicios relevantes.
El origen: reportes de operaciones sospechosas
La causa se inició el 26 de febrero de 2016, a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El organismo había detectado 22 Reportes de Operación Sospechosa (ROS) elaborados por el Nuevo Banco de La Rioja S.A. que alertaban sobre:
- Acreditaciones millonarias de fondos públicos
- Retiros inmediatos en efectivo
- Falta de documentación respaldatoria
- Movimientos incompatibles con la actividad declarada por las entidades
Posteriormente, la UIF y otras dependencias aportaron más información para reconstruir los movimientos financieros.
Avances de la investigación: domicilios ficticios y firmas falsificadas
Medidas ordenadas por la Fiscalía y ejecutadas por la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y el GOIP de Gendarmería Nacional confirmaron que muchos de los domicilios declarados como sedes de fundaciones no registraban actividad formal.
Además, se detectó la incorporación de personas como “socios” en actas constitutivas con firmas falsificadas o certificadas en hojas en blanco, un patrón que se repitió en gran parte de las entidades investigadas.
El cálculo preliminar del desvío
En un dictamen presentado el 7 de noviembre pasado, la fiscalía describió las maniobras y estimó que los fondos desviados alcanzarían los $837.166.279,48, equivalentes a más de USD 64 millones al tipo de cambio oficial de 2015.
Ciertas organizaciones llegaron a recibir más de $20 millones en pocos meses, sin presentar informes de ejecución ni comprobantes de gastos, y realizando retiros en efectivo que imposibilitan seguir la trazabilidad del dinero.
Competencia federal por presunto lavado de activos
La fiscal Miguel Carmona sostuvo que la causa debe permanecer en el fuero federal, ya que se investiga el presunto lavado de activos y su conexión directa con los delitos precedentes.
En su dictamen advirtió que dividir el caso entre la justicia provincial y la federal “fragmentaría la cadena probatoria” y podría derivar en decisiones contradictorias.
Lo que viene
El pedido de ampliación de indagatorias quedó ahora en manos del Juzgado Federal de La Rioja, que deberá resolver los próximos pasos en una causa que continúa creciendo en volumen y complejidad